Las empresas que producen, transforman o distribuyen alimentos trabajan con contratos repetidos y con asimetrías de poder entre las partes. La Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece reglas imperativas que conviene conocer porque su incumplimiento tiene consecuencias sancionadoras.
Forma escrita y antes de empezar
El artículo 8 exige que los contratos alimentarios se formalicen por escrito y que se firmen antes del inicio de la prestación. La ley sitúa en el momento anterior a la ejecución la obligación de documentar, para evitar que se trabaje sin condiciones pactadas y se negocie a posteriori en una posición de debilidad.
Ello se aplica a los contratos que superan el importe previsto en la norma. Para operaciones de cuantía reducida, la exigencia no rige, pero conviene igualmente dejar constancia de las condiciones.
Contenido mínimo
El artículo 9 enumera los elementos que deben figurar en el contrato. Entre ellos se incluyen la identificación de las partes, el objeto, el precio y las condiciones de pago, las condiciones de entrega y la duración. Un contrato incompleto puede ser sancionado, aunque ambas partes estén de acuerdo.
El precio debe determinarse con claridad, de modo que sea posible conocer la cantidad exacta a pagar o el método para calcularla.
Prohibición de modificaciones unilaterales
El artículo 12 prohíbe que una de las partes modifique unilateralmente las condiciones del contrato. Esto tiene un efecto muy práctico en la relación con grandes distribuidores, que a veces imponen cambios sobrevenidos de precio, plazo o condiciones. Cualquier modificación debe pactarse por ambas partes.
Pautas para el pequeño operador
- Exija que el contrato esté firmado antes de servir el primer pedido.
- Compruebe que incluye el contenido mínimo legal.
- Rechace por escrito cualquier cambio unilateral que reciba.
- Conserve correos, albaranes y facturas que prueben las condiciones aplicadas.
- Consulte la vía de denuncia ante la administración competente cuando proceda.
Por qué importa
Un contrato alimentario correctamente formalizado protege a ambas partes y sirve de prueba en caso de impago o de discrepancia. Además, evita sanciones y reduce el riesgo de conflicto con compradores que tienen más poder negociador.
Si su empresa trabaja con la cadena alimentaria, revise sus contratos marco y compruebe si cumplen la ley antes de que lo haga una inspección. Una revisión anual de las condiciones aplicadas a cada cliente o proveedor suele bastar para detectar desviaciones y corregirlas con tiempo y sin conflicto.
Este asunto se incluye en el servicio de contratos mercantiles.
Carlos Babot Horcajadas
Abogado colegiado en Málaga, nº 10.971. Socio de Babot Aranguren Abogados. Más sobre el autor.